La participación ciudadana en renovables necesita medidas concretas y ambiciosas

Un escenario donde cada uno pueda ser parte activa de la revolución energética. Ese es el leitmotiv que debe motivar el despliegue de proyectos de energías renovables. Y es que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se alza como una hoja de ruta clave para llevarnos hacia ese futuro verde. Pero no basta con objetivos ambiciosos: necesitamos que los grandes números se materialicen, haciendo de la transición un camino seguro y rentable para las personas.
La revisión del PNIEC, cuya consulta pública concluyó el pasado 4 de septiembre, ha vuelto a elevar los objetivos de despliegue de energías renovables. Más allá de las cifras alentadoras, es fundamental establecer un modelo de desarrollo sostenible que disipe las incertidumbres del sector, una meta que el PNIEC no ha logrado definir por completo. Debemos evitar un desarrollo de acelerones y frenazos y alcanzar un marco estable que asegure que los proyectos se puedan financiar y que su impacto en el territorio sea positivo y tangible para las comunidades locales.
La revisión ha fijado metas ambiciosas: alcanzar los 76 GW de energía solar, incluyendo 19 GW de autoconsumo, y 62 GW de energía eólica para 2030. Para lograr estos objetivos, los planes y acciones deben ser concretos y realistas, generando confianza entre ciudadanos, promotores y entidades financieras sobre la realización efectiva de estas metas. Por este motivo, es importante poner el foco en cómo vamos a llevar a cabo este despliegue de renovables. Así se ha puesto de manifiesto en los últimos meses, en los que la ciudadanía ha reclamado que las instalaciones tengan efectos sociales y territoriales positivos e involucren a los vecinos.
Para dar respuesta a este reto, la actualización del PNIEC pretende consolidar y dar impulso a algunas medidas que ya se vienen aplicando a nivel nacional y autonómico. Es el caso de la inversión local en renovables, mediante la cual los promotores ofrecen una parte de la financiación o el capital de sus proyectos a los ciudadanos y las comunidades locales. A cambio, estos obtienen una parte de los beneficios que estos generan invirtiendo pequeñas cantidades desde 500 euros.
La actualización mantiene intacto su compromiso de continuar incentivando este mecanismo en subastas y otras ayudas, lo cual es una noticia positiva. También señala que se desarrollarán instrumentos para fomentar la participación en los beneficios de los proyectos, aunque no ofrece detalles precisos. En este punto, la experiencia y las demandas de los ciudadanos pueden dar luz sobre los instrumentos que urge desarrollar.
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